"La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz."
La violencia familiar, a pesar de permanecer relativamente oculta o ignorada, es la forma más común de violencia contra las mujeres y las niñas.
Hasta septiembre de este año se han registrado a nivel nacional 80 casos de feminicidio y 29 de tentativa de feminicidio, siendo Lima la región con mayor número de casos (30.4%), seguida por Junín (10.9%), Arequipa (9.8%), Cusco (5.4%) y Callao (5.4%). siendo también las ciudades de Piura, La Libertad, Cajamarca, Loreto, Lambayeque y Ayacucho no ajenas a ésta realidad. Solo en los 15 primeros días de este mes se han reportado 13 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas.
Durante el 2009 se registraron 95 749 denuncias por violencia familiar en todo el país; 86 112 (89.93%) de éstas fueron hechas por mujeres. El mismo año, el Ministerio del Interior atendió 6 751 denuncias de violación sexual; en 6 383 de estos casos (94.54%) la víctima fue una mujer.La violencia contra las mujeres es un problema social y frecuente que responde a la construcción de una sociedad machista, violenta y discriminatoria. Las cifras y consecuencias nos demuestran que la actual Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, no responde a la problemática de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, ya que, además de restringirse solo al ámbito familiar y obviar otros espacios, deja de lado también a otros agentes productores de violencia de género.
Esta situación se agudiza en sectores rurales y de selva donde hay una ausencia del Estado, ya que no se cuenta con servicios mínimos para el acceso a la justicia y de atención legal formal, como son los Centros de Emergencia mujer, Defensorías de la Mujer, Niñas/os y Adolescentes-Demunas, comisarías y tampoco con fiscalías o juzgados, y los pocos que existen son lejanos y, por lo mismo, casi inaccesibles.
Siguiendo esta línea, el Estado debe proporcionar mecanismos legales eficaces que proteja de manera efectiva a las mujeres de la violencia, y está obligado a actuar con la debida diligencia, lo que implica prevenir, investigar los casos, sancionar a los agresores y reparar a las víctimas. Por ello, demandamos la aprobación de una “Ley contra la violencia hacia las mujeres y la familia”, que proteja nuestra vida e integridad.
La erradicación de la violencia contra las mujeres es una tarea que compromete al Estado, las instituciones y la ciudadanía en general para garantizar que las víctimas de violencia denuncien los hechos, se garantice un proceso judicial justo, rápido y efectivo, y las víctimas reciban una atención de calidad.
¡Basta de violencia contra las mujeres!
